El reconocido constitucionalista Armando Aquino Britos advirtió que las propuestas para reducir la edad de imputabilidad penal a 13 o incluso 10 años en Argentina no resuelven el problema de fondo y podrían agravar la exclusión social si no se acompañan de políticas educativas, laborales y de contención.
En diálogo con El Radar, por InfoD Radio, Aquino Britos explicó que aunque reducir la edad de imputabilidad es un “punto de partida”, resulta insuficiente sin un abordaje integral: “El Estado debe ofrecer alternativas reales para que los jóvenes elijan la educación y el trabajo antes que el delito. Sin acceso a empleo digno y espacios de contención, corremos el riesgo de empujar a estos grupos a la marginalidad”.
El constitucionalista también advirtió sobre la criminalización de la pobreza y recordó que Argentina ha suscripto compromisos internacionales en materia de derechos humanos que exigen protección especial para niños, niñas y adolescentes. “No podemos simplificar un fenómeno complejo a una receta punitiva. La prevención requiere políticas sociales coherentes”, señaló.
Sobre el funcionamiento de la Corte Suprema con apenas tres miembros, Aquino Britos aseguró que el máximo tribunal opera con normalidad, siempre que se respete el mecanismo constitucional de subrogancias para cubrir eventuales vacantes. “Los jueces deben garantizar la independencia y la aplicación de la Constitución, más allá de presiones políticas o caprichos de turno”, sostuvo.
Para el especialista, el verdadero desafío es articular medidas que ataquen las causas estructurales de la violencia: educación de calidad, generación de empleo y redes de contención que permitan a los jóvenes proyectar un futuro distinto al de la delincuencia. “Bajar la edad de imputabilidad no es la solución definitiva, sino el punto de partida de una discusión mucho más amplia sobre justicia, inclusión y derechos”, concluyó Aquino Britos.
